Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que las autoridades han incumplido 13 recomendaciones para mejorar la seguridad en las minas de carbón en Coahuila, de 24 emitidas en 2011, es decir, el 55 por ciento.

El documento “Estudios sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de la CNDH, 2011-2017”, publicado la semana pasada, considera que esta “indolencia del Estado mexicano, en términos de seguridad e higiene en las minas, también es sintomática del vacío normativo en materia de extracción de carbón”.

Y es que, entre los hallazgos detectados, la CNDH destaca el déficit de información respecto a las actividades productivas en los denominados “pocitos”, que operan clandestinamente y que concentran los mayores niveles de accidentalidad y muertes.

Tras las recomendaciones dirigidas a las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y de Economía (SE), así como al Gobierno de Coahuila, a raíz de la tragedia en Pasta de Conchos donde murieron 65 mineros, la Dirección General de Minas contabilizó 29 accidentes entre 2012 y 2017 en la Zona Carbonífera, en los que han fallecido 35 personas (46 según la Organización Familia Pasta de Conchos –OFPC–) y resultado lesionadas 14 más.

De estos decesos, la OFPC –considerada por la CNDH como una “fuente de información precisa y completa”– señala que aproximadamente el 60 por ciento ocurrieron en los “pocitos” y “cuevas” que operan ilegalmente.

La clandestinidad, además, es exhibida en el reporte con las siguientes cifras: de los mineros del carbón muertos entre 2006 y 2017, el 50 por ciento no se encontraba dado de alta en el IMSS, el 38 por ciento presentaba adscripción y del 12 por ciento restante no se encontró información.

En ese mismo periodo, de las 34 empresas mineras que sufrieron siniestros con resultados mortales, 23 eran ilegales, sólo siete estaban registradas y de cuatro no se tuvieron datos.

Acciones ‘débiles’
En relación a la “calidad” de las acciones efectuadas por las autoridades tras las recomendaciones, la CNDH considera que estas han sido “débiles”.

“Lo cual es ampliamente confirmado por organizaciones de la sociedad civil y la literatura especializada en el tema. La opacidad de un importante sector de la actividad minera contribuye en buena medida a la debilidad en las acciones implementadas”, subraya el documento.

Los entes omisos
En relación a la “calidad” de las acciones efectuadas por las autoridades tras las recomendaciones, la CNDH considera que estas han sido “débiles”.
- STyPS, nueve recomendaciones incumplidas.- En dos, la secretaría afirmó no contar con registros sobre la solicitud y en siete dio respuestas evasivas.
- SE, tres sin cumplir.- Dicha autoridad indicó que la problemática no es de su competencia o que no cuenta con información disponible.
- Gobierno de Coahuila, una incumplida.- De cuatro enviadas, sólo en una respondió negativamente.


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