Los habitantes de Río Quito, en Chocó, saben que están nadando en mercurio. Varias veces les han advertido que el río que les sirve de carretera y sustento tiene niveles mucho más altos que los permitidos. Las retroexcavadoras que empezaron a llegar a finales de los noventa con acento paisa y brasileño poco a poco fueron desplazando a la minería artesanal. Pese a las protestas, las resistencias y los operativos, cada tanto vuelven y arman los “dragones”, unas máquinas tan grandes como un edificio de tres pisos. Con ellas remueven las aguas, la arena, las piedras y capturan el oro gracias al mercurio.

Encontrar mercurio en Río Quito es muy fácil. Los lodazales y los cráteres que ha dejado la extracción intensiva no han impedido que, cada tanto, lleguen barcazas con ese metal volátil que desde hace tiempo corre por ciertas aguas colombianas. Como lo han reportado varias investigaciones, algunas especies de peces, el principal alimento de muchas poblaciones ribereñas, están contaminadas. Y esto no sólo sucede en Chocó. La situación se repite en Cauca, Antioquia y el sur de Bolívar.

Resolverla es muy difícil y requiere de muchos esfuerzos, pero ayer Colombia dio un paso importante para hacerlo. En horas de la tarde fue aprobado en el Congreso de la República el proyecto de ley que le da vía libre a la aplicación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, un pacto adoptado en octubre de 2013 por varios países para contener la contaminación de ese metal. La votación, en el último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, fue contundente: 89 votos a favor, ninguno en contra. Ahora debe ir a sanción presidencial y ser revisado por la Corte Constitucional.

Saber con precisión cuál es el rumbo que tomará la comercialización de mercurio en el país con este pacto no es fácil, pero, al aprobarlo, Colombia se compromete a tomar medidas para “proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas” de este elemento. Como señala Andrea Ramírez, viceministra encargada de Medio Ambiente, “el convenio establece un plazo para eliminar los productos con mercurio añadido y le permite a Colombia acceder a recursos para financiar proyectos que permitan reducir el uso del mercurio”.

A lo que se refiere es a que, con la aprobación del documento, el país deberá, por un lado, desincentivar la producción y el uso de artículos como lámparas fluorescentes compactas o aparatos de medición no electrónicos, como los barómetros (usados para medir la presión atmosférica). La idea es que para 2020, como se lee en el texto del Convenio de Minamata, se elimine tanto la exportación, como la importación y fabricación de estos elementos.

Por otro lado, el pacto permite que el país pueda acceder a una bolsa de recursos de cooperación internacional, con los que podrá costear proyectos productivos que permitan que poblaciones como las de Río Quito abandonen la utilización del mercurio. Hoy sigue siendo un elemento clave para extraer oro del río.

Aunque es un paso importante, y pese a que el país cuenta con una ley desde 2013 (la 1658), que busca la reducción del uso de mercurio, los retos hoy son grandes. El boom de las materias primas que vivió el país durante la primera década del siglo XX también vino acompañado de serios problemas de contaminación. El vertiginoso aumento del precio del oro (en 2011 alcanzó un récord de US$1.739 por onza) sedujo a mineros ilegales y criminales que, como sucedió en el caso de Río Quito, desplazaron las prácticas artesanales para darle paso a la explotación intensiva con mercurio sin ninguna regulación.

El resultado ha sido documentado por varios científicos en repetidas ocasiones. El profesor Jesús Olivero Verbel, director del doctorado en toxicología ambiental de la Universidad de Cartagena, ha sido uno de los que más muestras de pelo y sangre han tomado para comprobar que hay comunidades que exceden los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En diciembre de 2014 encontró que los habitantes de la cuenca baja del río Caquetá tenían concentraciones promedio de mercurio en el pelo que oscilaban entre 15,4 y 19,7 partes por millón (ppm), cuando lo recomendado por la OMS es que no superen el 1 ppm.

Ingenieros del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) encontraron en 2011 que de 70 personas que examinaron en el distrito minero de San Juan (Chocó), 56 estaban contaminadas con mercurio. De ellas, cuatro tenían diagnósticos de intoxicación mercurial. Al ingerirlo, el metilmercurio (forma en la que el metal se encuentra en los animales) llega hasta el intestino y después se acumula en la corteza cerebral. ¿El resultado? “Provoca importantes efectos neurológicos y de otro orden, siendo particularmente graves aquellos que se dejan sentir en la salud del niño y del feto”, se lee en el texto del Convenio.

Los reportes hechos por la ciencia han ido mucho más allá. En 2013, expertos en toxicología de la Universidad de Córdoba y de la Fundación Panthera encontraron bajas concentraciones de mercurio en muestras de dientes de cráneos de jaguares que, si bien estaban por debajo de los límites permitidos, prendieron las primeras alarmas.

“Esa minería ilegal es un gran desafío y para combatirla hemos implementado medidas claves. Una ha sido reducir la importación de mercurio. De 100 toneladas pasamos a 2 toneladas en septiembre de 2017. Sólo hay un porcentaje destinado al sector salud que es un usuario frecuente”, explica Ramírez.

Muchas de las que fueron importadas antes terminaron en los ríos. Para ser exactos, como lo reveló el Ideam en 2015, 200 toneladas cada año.

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