La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentará una propuesta de ley a la Asamblea Legislativa para prohibir la minería metálica y establecer ciertas regulaciones a la minería artesanal, que también incluiría la extracción de materiales como la piedra caliza, anunció ayer el vicerrector de proyección social de esa institución, Omar Serrano.

El documento aún no está listo, puesto que la UCA está realizando consultas con otras organizaciones, señaló Serrano; no obstante, se presentará en el corto plazo. Además, el académico dijo que hay otras solicitudes para que el país emita una ley que proscriba dicha actividad, por el impacto que podría provocar en el medio ambiente.

También, la UCA, junto a otras organizaciones, reaccionó al fallo reciente que tuvo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en favor de El Salvador en un litigio que inició la minera Pacific Rim, ahora OceanaGold, porque no se le otorgó licencia para la explotación de oro y plata en San Isidro, Cabañas.

Entre las exigencias de la sociedad civil está que el Ministerio de Gobernación suspenda las operaciones de la Fundación El Dorado, puesto que en sus estatutos está como misión el desarrollo de las zonas aledañas a los proyectos mineros, que no existen en el país. El rechazo surge de la acusación de que la entidad estaría realizando acciones para cambiar la opinión de las personas de la localidad en torno de la minería. Otra acusación más fuerte es que activistas han sufrido amenazas en los últimos días.

Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) que fue elaborada en 2015 reveló que ocho de cada 10 personas piensan que El Salvador no es un país que se adecúa a la minería, y el 77 % considera que es necesario que la actividad sea prohibida. Además de estas razones, Serrano expuso que solo el 13 % del territorio nacional está cubierto por agua y la minería pondría más presión sobre el recurso hídrico.

Gloria Recinos, representante del Catholic Relief Service (CRS), agregó que la Iglesia católica también se ha opuesto a esa actividad económica; de hecho, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, pidió recientemente al congreso una ley que aborde esa actividad económica.

Por otra parte, las organizaciones expresaron preocupación por el pago que la empresa debe hacer al Estado salvadoreño. El CIADI sentenció a OcenaGold, que adquirió Pacific Rim, la cual inició el proceso contra el país, a pagar $8 millones como retribución por los gastos que fueron realizados para defenderse en el tribunal.

De acuerdo con la UCA, el monto que utilizó el país fue mayor: $13 millones.

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